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Un nuevo Derecho Universal: Autonomía Personal
Mª Antonia Martínez García
Senadora

Como dijo el Presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, en el debate previo a la votación definitiva de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal, "la auténtica riqueza de una sociedad es la que mide el bienestar de los ciudadanos".

Es, sin duda, ésta la ley social más importante de la actual legislatura y de las próximas décadas, ya que crea en España un nuevo derecho universal y sienta las bases del cuarto pilar del Estado del Bienestar, junto al derecho a una educación básica, obligatoria y gratuita (1985), el derecho a las prestaciones del Sistema Nacional de Salud (1986) y el sistema de pensiones asistenciales (1990), que también fueron creados por gobiernos socialistas.

El Gobierno socialista ha dado respuesta a una reivindicación histórica y a una situación de abandono e injusticia que sufrían las personas en situación de dependencia y sus familias: la garantía de unas prestaciones básicas para mejorar su calidad de vida. Por ello, esta Ley sitúa a España entre los países más avanzados en el Estado. Era éste uno de los más importantes compromisos del Presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, con los ciudadanos. Se ha estimado que en España hay 1.146.000 personas (34.731 en nuestra Región) dependientes, es decir, que necesitan la ayuda de otra persona para realizar las actividades básicas de la vida diaria. En la actualidad, las personas dependientes no tienen reconocido ningún derecho a ser atendidos. La cobertura de los servicios públicos de asistencia a estas personas es mínima y ni siquiera alcanza a todos los que lo necesitan. La realidad es que las personas dependientes son cuidadas mayoritariamente por sus familias y, especialmente, por las mujeres.

La actual población dependiente, según las previsiones, aumentará en los próximos años. Más del 80 % de estas personas son mayores de 65 años, estando la Región de Murcia a la cabeza del porcentaje de personas dependientes dentro de este segmento de edad (con un 40,49%, según estudio de la Fundación BBVA)... La atención se realiza, sobre todo, en el ámbito familiar y recae especialmente en las mujeres (representan el 83% de los cuidadores familiares) lo que, en la mayoría de los casos, les impide que puedan llevar a cabo actividad laboral alguna. Sólo uno de cada cinco familiares cuidadores tiene un empleo.

En la actualidad, la atención de las administraciones se presta desde el sistema sanitario y desde el ámbito de los servicios sociales, con una cobertura insuficiente y con diferencias importantes entre Comunidades Autónomas y entre las áreas urbanas y rurales. En nuestra Región, el 1,85% cuentan con un servicio de ayuda a domicilio, el 2,47% con tele asistencia, el 2,13% con una plaza en una residencia y el 0,55% en un centro de día.

Para hacer frente a esta injusta situación, la nueva Ley establece en España un nuevo derecho universal de ciudadanía, a través del "Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia", que garantiza atención y cuidados a las personas dependientes. Las personas que no pueden valerse por sí mismas tendrán acceso a los servicios sociales según su grado y nivel de dependencia. El sistema contará con la colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas, lo que asegura el principio de igualdad de trato en toda España mediante un catálogo de prestaciones y servicios, común para todos los ciudadanos.

Se crean nuevas prestaciones, junto a otras que ya existen, pero que hoy son muy limitadas y resultan claramente insuficientes: ayuda a domicilio, tele asistencia, centros de día, ayudas técnicas, plazas residenciales, ayudas a las familias cuidadoras… Los beneficiarios podrán percibir una prestación económica vinculada a la contratación de un servicio en el mercado privado, si no existe oferta pública, y los cuidadores familiares podrán percibir una prestación económica, Seguridad Social y formación.

El desarrollo del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia será gradual, con el fin de acompasar el desarrollo de las prestaciones con la creación de las infraestructuras de servicios necesarias para ello.

La financiación correrá a cargo de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y, en su caso, de las Corporaciones Locales. El compromiso del Gobierno se refleja en el esfuerzo financiero de aportar en los próximos 8 años más de 12.000 millones de euros. Las Comunidades Autónomas, que son las competentes en la materia, habrán de aportar una cantidad similar. Los beneficiarios participarán en la financiación del sistema en función de su renta y patrimonio personal (no familiar), de forma equilibrada y justa. Ningún beneficiario dejará de recibir atención por falta de recursos.

Como manifestó el Presidente del Gobierno en el Pleno del Congreso, la Ley de Dependencia es un proyecto de todos, impulsado por un gobierno socialista, que sólo podrá hacerse realidad con la colaboración entre el Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, que deben avanzar en una senda conjunta y compartida. Debe ser un proyecto de país, que cohesione a la sociedad; una apuesta por la igualdad y la solidaridad.